Senado fortalece marco legal para combatir la extorsión en el país

Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con 33 votos a favor, el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviado por la Cámara de Diputados. La propuesta fue modificada para endurecer las sanciones y fortalecer los mecanismos de investigación en todo el país.

Los senadores elevaron la pena mínima de prisión por extorsión de 6 a 15 años y la máxima de 15 a 25 años, al considerar que las penalidades planteadas originalmente podían beneficiar a personas actualmente procesadas o condenadas por este delito.

También se incorporó en la ley la obligación de que todas las autoridades actúen bajo pleno respeto a los derechos humanos, un punto que no estaba previsto en la minuta aprobada por la colegisladora.

Las comisiones establecieron además que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas, personal capacitado y analistas certificados para investigar este delito. Mientras se crean estas áreas, las unidades antisecuestro se encargarán de atender los casos de extorsión.

El dictamen precisa penas adicionales para servidores públicos que faciliten o permitan la comisión de extorsiones dentro de centros penitenciarios. Estos podrán recibir de tres a cinco años extras a la condena principal. Asimismo, quienes introduzcan dispositivos electrónicos de comunicación en prisiones sin autorización enfrentarán entre seis y 12 años de cárcel.

Otra modificación relevante establece que los recursos obtenidos por decomisos o extinción de dominio derivados de casos de extorsión se destinarán preferentemente a la reparación de las víctimas.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que el documento responde a una exigencia social urgente ante un delito que describió como “deleznable”. Las comisiones realizaron cambios a 15 artículos y un transitorio, tras recibir observaciones de dependencias federales como la Consejería Jurídica, Segob, la SSPC y la Fiscalía General de la República.

Legisladores de todos los grupos parlamentarios adelantaron su respaldo. Morena calificó la ley como una herramienta de pacificación y reconstrucción del tejido social; el PAN advirtió que el reto será su correcta aplicación; el PRI pidió garantizar presupuesto para fiscalías y policías locales; el PVEM señaló que la reforma dotará de mejores herramientas jurídicas a las instituciones; mientras que MC recordó que la extorsión es el tercer delito más frecuente en México, según el INEGI, y que tiene un altísimo subregistro.

El proyecto también contempla reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a otras leyes relacionadas con delincuencia organizada y extinción de dominio.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para continuar con su trámite legislativo.