Poder Judicial: ¿paro laboral? ¿Reforma? ¿cómo nos afecta? Aquí te lo explicamos

Jueces y magistrados del país se encuentran en paro indefinido de labores en protesta por la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al menos mil 700 juzgadores suspendieron sus actividades a partir de este 21 de agosto, aunque no se trata de un paro total, pues solo se atenderán en guardias asuntos considerados como urgentes. Pero, ¿cómo nos afecta?, ¿qué es considerado un caso urgente?, ¿de qué trata la reforma? Aquí te lo explicamos.

Esta situación afecta de distintas maneras a quienes tienen asuntos pendientes en materia federal, por ejemplo, se suspenden los plazos para contestar demandas, presentar pruebas en casos vigentes, así como diligencias. Además, no se pueden tramitar o revisar amparos contra actos de la autoridad o particulares.

En este sentido se pueden presentar atrasos de juicios en tribunales del fuero común, debido a que pueden existir temas pendientes a nivel federal.

Las audiencias de personas que están en prisión serán diferidas, y solo se atenderán casos considerados urgentes en distintos ámbitos:

En el ámbito penal solo se atenderán calificación de detenciones, es decir, si fue o no legal, vinculaciones a proceso o extradiciones. En derecho a la Salud, únicamente se atenderán amparos para solicitar medicamentos o tratamientos. En materia laboral se atenderán aquellos casos relacionados con huelgas. Mientras que en el ámbito civil continuarán trabajando cuando se trate de medidas cautelares o de protección en casos de violencia intrafamiliar o delitos contra las mujeres y menores.

En consecuencia, se aumentará el rezago de casos y se acumularán los expedientes. Aunque los juzgados locales seguirán funcionando, debido a que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación y atienden delitos del fuero común.

Pero, ¿de qué trata la Reforma que propició este paro laboral del Poder Judicial?

El proyecto propuesto el 5 de febrero por el actual presidente mexicano, fue explicado durante la “mañanera” del 20 de agosto, y consiste en la modificación de los siguientes aspectos:

Actualmente, los ministros son propuestos por la presidencia y seleccionados por el Senado, mientras que los jueces y magistrados se someten a una selección de proceso cerrado, dirigido por el Poder Judicial.

La reforma propone que todos los cargos se elijan por voto libre y secreto, con convocatorias abiertas para quienes tengan licenciatura en derecho, con promedio mínimo de 8 y 9 en materias afines al cargo, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que respalden su candidatura.

Además, la creación de Comités de Evaluación que seleccionen los perfiles con mejor trayectoria y preparación que destaquen por su honestidad.

El proyecto también propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como autoridad independiente a la Suprema Corte, integrado por magistrados electos por voto popular. Brindando facultades amplias para investigar a los juzgadores, incluyendo que sus resoluciones se apeguen a la ley, con autoridad de emitir sanciones que incluyan suspensión o destitución si se requiere.

Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal es quien es vigilante en este sentido, no obstante, se rige por el mismo Poder Judicial, por lo que es juez y parte de esta vigilancia.

Se propone una evaluación del desempeño, cada 9 años los jueces y magistrados deberán ser ratificados en el cargo mediante el voto popular. Mientras que quienes resulten electos serán evaluados durante el primer año de su cargo y en caso de tener un mal desempeño, podrán ser suspendidos o destituidos según sea el caso.

Además, tendrán la obligación de dar aviso y justificar demoras procesales ante el Tribunal de Disciplina, con posibilidad de sanción, pues actualmente no existe una consecuencia de excederse en los plazos máximos para resolver juicios.

Por último, se propone en que los ministros, jueces y magistrados no puedan gozar de un salario mayor, a lo que gana el presidente de la República. En la actualidad, los ministros gozan de una pensión vitalicia que puede heredarse a cónyuges e hijos, sin embargo, se propone que una vez concluya el cargo se eliminen haberes de retiro y privilegios.

Junto a esto, la eliminación de fideicomisos, por lo que deberán reintegrarse para implementar las reforma y garantizar que los presupuestos de egresos de cada año contemplen todos los derechos adquiridos de los trabajadores.