Senado recibe iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el “Plan B” en materia electoral

El Senado de la República recibió este martes la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reducir privilegios en el servicio público y fortalecer la figura de la revocación de mandato.

El documento fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y se sustenta en principios de austeridad, uso eficiente del gasto público y fortalecimiento de la democracia participativa.

Durante el acto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó la propuesta como una iniciativa “noble” en favor del pueblo de México, al promover la austeridad republicana y una mayor cercanía entre los representantes populares y la ciudadanía.

La iniciativa establece medidas para garantizar el uso responsable de los recursos públicos, con el fin de destinar los ahorros a sectores que más lo requieren, así como consolidar la democracia directa mediante la revocación de mandato, mecanismo que permitiría a la población remover de manera institucional y pacífica a gobernantes que no respondan al interés público.

Entre los cambios propuestos destaca la modificación del artículo 134 constitucional, para obligar a todos los entes públicos —federales, estatales y municipales— a ajustar sus remuneraciones conforme a los límites establecidos en el artículo 127.

Asimismo, se plantea prohibir la contratación de seguros privados de ahorro para servidores públicos con recursos del Estado, como el Seguro de Separación Individualizado o cajas de ahorro especiales, salvo en casos establecidos por ley o contratos laborales.

En materia presupuestal, la propuesta contempla que el Senado realice un ajuste del 15 por ciento a partir del ejercicio fiscal siguiente, tomando como base el presupuesto aprobado en 2026, con el fin de eliminar excesos y hacer más eficiente el gasto público.

Para los congresos locales, se establece que sus presupuestos deberán guardar proporción con el gasto público estatal, mientras que en el ámbito municipal se propone limitar la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías por municipio, buscando evitar estructuras sobredimensionadas.

Además, los recursos que se generen por estos ajustes deberán permanecer en los municipios, destinándose a servicios públicos, obra local y acciones que impacten directamente en el bienestar de la población.

La iniciativa forma parte de la política de austeridad del gobierno federal y responde a las demandas ciudadanas de mayor transparencia, eficiencia en el gasto y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.