PGR torturó e inculpó a 34 detenidos en caso Ayotzinapa: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró contar con elementos suficientes para afirmar que 34 de las 129 personas imputadas en la primera fase de la pesquisa por el caso Ayotzinapa, fueron torturadas por agentes federales para auto inculparse de los delitos que se les atribuyen y, además, señalar a otros posibles responsables.

A través del informe “Doble Injusticia”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que existieron actos de violencia y violaciones a las garantías individuales de los procesados por parte de personal de la Procuraduría General de la República (PGR), así como por efectivos de la Policía Federal y de la Marina, durante y después de su detención.

El documento detalla que luego de analizar los casos de 33 hombres y una mujer se identificó que existe “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” el cual incluye detenciones arbitrarias, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del ministerio público de la PGR y actos de tortura. 

Puntualiza que estos últimos se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión, señalando que en los 34 casos referidos, las personas detenidas presentaron numerosas lesiones físicas, las cuales fueron certificadas por exámenes médicos como compatibles con lesiones resultado de tortura.

Con base en esta investigación, el organismo hizo un llamado a las autoridades para excluir o declarar nula y sin efecto cualquier prueba sobre la que haya fundamentos para considerar que fue obtenida bajo tortura.

En lo partícular, exhorta a la PGR a realizar las indagatorias correspondientes para identificar a los responsables de estos actos; al presidente, Enrique Peña Nieto, a implementar la creación de un Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad y adoptar una reforma institucional como una ley orgánica que garantices de manera efectiva la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República, que incluya órganos de control interno u procesos de rendición de cuentas.