Congreso de Tamaulipas avala reforma judicial y nueva causal de nulidad electoral pese a críticas de la oposición
Con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, el Congreso de Tamaulipas aprobó este jueves dos reformas constitucionales impulsadas a nivel federal: una que aplaza hasta 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial y otra que incorpora la intervención extranjera como causa de nulidad en los procesos electorales.
La primera minuta, relacionada con la reforma judicial, fue aprobada con 25 votos a favor y siete en contra. Entre los cambios destaca el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras prevista inicialmente para 2027, así como la posibilidad de que magistrados electorales cuyo periodo concluya en 2028 participen en el proceso de renovación de cargos. También se contempla que la Suprema Corte pueda operar mediante dos secciones cuando así lo determine su pleno.
Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la modificación. La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente afirmó que el cambio representa el reconocimiento de fallas en el diseño original de la reforma, al considerar que el modelo de elección popular de jueces enfrenta problemas de viabilidad operativa e institucional.
Por su parte, la panista Marina Ramírez Andrade señaló que la ampliación de plazos beneficia directamente a integrantes del Tribunal Electoral, mientras que Movimiento Ciudadano sostuvo que la reforma intenta corregir una propuesta que, desde su origen, presentaba inconsistencias.
Minuta sobre nulidad de elección por injerencia internacional también pasó por mayoría
Más tarde, el Pleno aprobó una segunda minuta constitucional que establece la intervención o injerencia extranjera como nueva causal para anular elecciones. La propuesta obtuvo 25 votos a favor y ocho en contra.
La oposición advirtió que la redacción del proyecto podría generar interpretaciones amplias sobre qué constituye influencia extranjera en un proceso electoral. Legisladores panistas y priistas señalaron que investigaciones, reportajes o pronunciamientos provenientes del exterior podrían ser utilizados como argumentos para impugnar resultados electorales.
A pesar de los cuestionamientos, ambas reformas fueron avaladas por la mayoría legislativa y se suman al proceso nacional de aprobación por parte de los congresos estatales.