Acusaciones en contra de FGCV son por delito patrimonial, no por narcotráfico: Alonso Aguilar, defensor del mandatario

Tamaulipas / Tamaulipas / Por: Staff NotiGape

Publicado: 02 de marzo, 2021 | 11:13 AM

Las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca sobre las que se sustenta la solicitud de desafuero hecha por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara de Diputados, no se relacionan con temas de narcotráfico o huachicoleo, sino por un delito patrimonial.

Así lo informó el abogado del mandatario tamaulipeco, Alonso Aguilar Zinser, quien señaló que la teoría sobre la posible constitución de delito parte de una presunta triangulación de recursos derivada de la compra venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México por la que el Gobernador recibió 42 millones de pesos.

“Se habla de delincuencia organizada, pero de las personas que participaron en esta operación, pero no de bandas organizadas, de bandas violentas, etc. Este es un delito finalmente patrimonial”, explicó la defensa en entrevista para el programa Por La Mañana, del periodista Ciro Gómez Leyva, transmitido por NotiGape.

El abogado explicó que García Cabeza de Vaca recibió en su cuenta personal la suma antes señalada, en cuatro o cinco depósitos fraccionados, a partir de lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) rastreó su origen, dando con que fueron hechos por una inmobiliaria, la cual a su vez recibió el depósito millonario de un tercero cuya empresa tuvo contratos con el Gobierno de Tamaulipas, año y medio antes.

“Por lo que para la Fiscalía esta persona tuvo contratos y le hizo llegar el dinero al Gobernador a través de este mecanismo”, refirió.Sin embargo, Aguilar Zinser, aseveró que los contratos que la tercera persona tuvo con el gobierno de Tamaulipas, no corresponden a los 42 millones de pesos (valor del departamento) e incluso son inferiores; por lo que no hay relación alguna y “eso precisamente eso, es lo que van a demostrar”.

Agregó, que respetan a la FGR y que van a proceder conforme la ley lo requiere y es presentar en los siete días naturales correspondientes, los elementos para comprobar que estos movimientos fueron lícitos, debido a que la compra de dicho inmueble cuenta con una escritura pública y todo está justificado.

Con respecto a la solicitud hecha por el presidente, Andrés Manuel López Obrador con respecto a hacer público el expediente del ejecutivo tamaulipeco, afirmó que el acceso limitado de éste se justifica por que incluye nombres, estados financieros y declaraciones fiscales y patrimoniales de todos los investigados; “datos sensibles que hay que proteger”.

Aclaró que, a pesar de que la Cámara de Diputados apruebe la solicitud de desafuero, es necesario que esa declaración de procedencia pase al Congreso de Tamaulipas de acuerdo con lo que se estipula en el artículo 44 de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, por lo que descartó que una vez aprobado en San Lázaro, haya posibilidades de una aprehensión.

“El artículo 44 de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado, señala que si se recibe esa declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, será el Congreso de Tamaulipas quien determine si de homologa la solicitud del congreso federal, es decir, si está de acuerdo o no con la resolución y de homologarla, se procederá a remover del cargo y ponerlo a disposición de las autoridades”, explicó.

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